Archive for July, 2016

Fraude de UBS y del gobierno de Puerto Rico con la venta de bonos de Puerto Rico

July 25, 2016

Si esto no es ilegal no tenemos remedio. No hay quien compre un bono de Puerto Rico en lo que resta de la historia del planeta. Y todavía Acevedo Vilá anda por ahí haciendo recomendaciones y denuncias. Que descaro.

Avanza el destape del fraude de UBS en los Sistemas de Retiro (documento)

 Oscar J. Serrano, Noticel, 12/01/2013 11:30 am

http://www.noticel.com/noticia/135833/avanza-el-destape-del-fraude-de-ubs-en-los-sistemas-de-retiro-documento.html

Mientras Miguel Ferrer faranduleaba en los medios de comunicación con su relación con la Puerto Rico Universe Bodine Koehler, el Primer Circuito de Apelaciones emitió una decisión con la que se da luz verde a la demanda contra Ferrer y otros banqueros por la billonaria emisión de bonos de los Sistemas de Retiro.

Además, la decisión del panel de jueces federales expande los criterios que se tomarán en cuenta a la hora de determinar cuándo es que ocurre un conflicto de interés debido a la vinculación de una persona con distintas entidades en una misma transacción, como fue el caso de Retiro en el que la casa de inversiones UBS cubrió todas las bases en un ya cuestionado esquema de conflicto de interés.

La decisión ocurrió en la demanda federal que sometió la Unión de Empleados de Muelles de Puerto Rico (UEMPR), un proceso que es distinto a otro que corre contra Ferrer y UBS a nivel del gobierno federal por fraude en la venta de inversiones en Puerto Rico.

El esquema objeto de la demanda de la UEMPR se centra la controvertible emisión de $3,800 millones en los Sistemas de Retiro durante la Administración Acevedo Vilá, y la que se señala como uno de los traspiés más costosos en la gigantesca crisis que enfrentan las finanzas públicas de Puerto Rico por el estado de virtual quiebra en Retiro.

La UEMPR es accionista en cuatro fondos de inversión que maneja UBS. Esos fondos compraron los bonos de Retiro que estaba vendiendo el mismo UBS. El truco está en que los directores que dirigen los fondos son prácticamente los mismos en cada fondo y en que esos directores tienen demasiados intereses creados con UBS como para que las transacciones fueran independientes y como para que, una vez hecha la compra, impugnaran la acción en corte.

En disputa hay $757 millones de los demandantes que se alega UBS manejó mal ya que los usaron para comprar los bonos de Retiro que la misma UBS sabía que estaban sobrevalorizados. En el mover dinero de un lado para otro, UBS sacó una compensación de al menos $27 millones.

Para utilizar el resumen del Primer Circuito: “Retiro vendió los bonos a su corredor, UBS Financial, que, a su vez, se los vendió a UBS Trust y otros compradores. UBS Trust entonces vendió los bonos que había comprado a los Fondos a los que aconsejaba, incluyendo los Fondos en controversia en este caso”.

Inicialmente, la Jueza Presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado Colón, desestimó la demanda alegando que no existía la vinculación de Ferrer y otros directores de los fondos que los demandantes alegaban que había.

Pero los jueces apelativos decidieron lo contrario, e instruyeron a que el análisis de esas relaciones tiene que hacerse con la información que está disponible públicamente y “a la luz del sentido común y la experiencia práctica”.

Bajo ese palio, determinaron que Ferrer y los directivos de UBS, Leslie Highley Jr. y Carlos Ubiñas están demasiado vinculados en todas las bases de la transacción. Mientras, otros directores de fondos que no son directivos de UBS, como el vicepresidente de Triple S, Mario Belaval, está demasiado vinculado porque UBS ha participado en movimientos de inversión de Triple S. En igual posición está Carlos Nido, vicepresidente de Ventas de El Nuevo Día, entidad a la que UBS también le ha comprado bonos.

Ante esto, los jueces dijeron que Delgado Colón “falló al no hacer inferencias razonables y de sentido común sobre los hechos que se alegan en la demanda”.

La determinación de los jueces fue emitida el 4 de enero, mientras estaba en pleno apogeo el espectáculo por las fotos de Ferrer y Koehler juntos en la Despedida de Año, y fue inicialmente divulgada por El Vocero esta semana.

El Capítulo 9 y la quiebra total

July 7, 2016

Interesante que son los bonistas de Energía Eléctrica los primeros que llaman a que se permita la reestructuración de toda la deuda de la isla incluyendo a los GO. Ellos son los que desde hace mas tiempo están negociando con funcionarios del gobierno y conocen las personalidades con quienes tienen que negociar. Creo que fue el gobierno federal el que primero se dio cuenta de que un mero capítulo 9, que solo permite a los municipios y a las corporaciones públicas irse a la quiebra, no era suficiente.

 

Consecuencia del ‘quid pro quo’

José A. Delgado

La PROMESA federal que impone una junta con poderes para controlar las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico e impulsar procesos de reestructuración de la deuda pública representa una victoria dividida para un importante grupo de firmas de inversiones estadounidenses y el Tesoro federal.

Por supuesto que la administración del presidente Barack Obama está agradecida del speaker Paul Ryan, que logró aplacar sus tropas y abrió el camino para la transacción que en términos legislativos supone la PROMESA federal.

Pero, desde mucho antes de que cobrara fuerza en el Congreso la necesidad que tiene Puerto Rico de reestructurar su deuda pública, sin embargo, firmas de inversiones vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) vinieron aquí a pedir la imposición de una junta federal que le arrebatara el poder administrativo local a los funcionarios electos de la Isla.

Primero lo argumentaron utilizando como excusa la controversia del gobierno de Puerto Rico con el desaparecido banco Doral.

A medida que comenzó a debatirse la idea de reincorporar a las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, la campaña de las firmas de inversiones se intensificó. Por mucho tiempo lograron contener la idea de permitir al gobierno de Puerto Rico contar con un mecanismo para reestructurar su deuda.

Justo hace un año, por ejemplo,  el comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes engavetó el proyecto 870 del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que propuso darle acceso a las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Entonces, intervino el Tesoro. Algunos sostienen que influenciado por Richard Ravitch – exvicegobernador de Nueva York y asesor informal del gobernador García Padilla-, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, se convenció de la necesidad de que Puerto Rico tuviera autorización para reestructurar toda su deuda, incluidas las obligaciones generales que la propia Constitución de Puerto Rico dice deben tener prioridad al momento de hacer pagos.

Lew envió a su consejero, Antonio Weiss, a la audiencia del comité de Energía y Recursos Naturales del Senado del 22 de octubre de 2015. Allí, la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), quien detuvo el nombramiento de Weiss como subsecretario del Tesoro para Finanzas Domésticas lo crucificó. Pero, el Tesoro sembró la semilla de la reestructuración plena a cambio de la junta federal de control fiscal.

De ahí en adelante, el ‘quid pro quo’ era evidente:   darle la junta de control fiscal a las firmas de inversiones; y abrir la puerta a la posibilidad de reestructurar toda la deuda.

En medio del proceso, el gobierno del presidente Obama se ocupó de afianzar las bases jurídicas de la situación colonial de Puerto Rico por medio del caso Sánchez Valle que estaba pendiente ante el Tribunal Supremo de EEUU. Su procurador general, Donald Verrilli, sometió un argumento como ‘amigo de la corte’ para informar al tribunal sobre la posición del Ejecutivo.

En su argumento, Verrilli afirmó que “el acuerdo (llamado ELA) puede ser revisado por el Congreso, y los funcionarios federales y de Puerto Rico entendieron que la adopción de la constitución por parte de Puerto Rico no alteraba su status constitucional. La última fuente de poder soberano en Puerto Rico sigue siendo Estados Unidos”.
¿Puede el Congreso cambiar unilateralmente los aspectos de su relación con Puerto Rico? “La contestación es que sí”, indicó después, en la audiencia oral del 13 de enero sobre el caso Sánchez Valle,  la procuradora general adjunta de EEUU, Nicole Saharsky.  “La última fuente de poder de los territorios – como Puerto Rico-, se deriva del Congreso”, indicó Saharsky

En esa misma sesión, la jueza Elena Kagan – quien terminó escribiendo la opinión de la mayoría en el caso Sánchez Valle-, intervino:  “¿Cuál es la última fuente de autoridad sobre el pueblo de Puerto Rico? La última autoridad del pueblo puertorriqueño fue un acto del Congreso. Si mira hacia atrás, la última fuente de autoridad fue el Congreso”, indicó Kagan en una respuesta al abogado del gobierno de Puerto Rico.

Kagan utilizó básicamente las mismas palabras al afirmar el 9 de junio pasado que, respecto a la cláusula constitucional federal contra la doble exposición por acusaciones criminales, “la última fuente de poder para fines de presentación de cargos es el gobierno federal, porque cuando rastreamos esa autoridad llegamos a las puertas del Congreso estadounidense”.

Para Kagan, aunque en 1952 la Isla se convirtió “en una nueva especie de entidad política”,  el poder del Congreso sobre la Isla es similar al que tienen los estados sobre los municipios.

A los municipios tradicionales, el gobierno estatal le puede imponer una junta de control. En los territorios estadounidenses– es decir las colonias como Puerto Rico- y a los residentes de la capital federal, las juntas de control las impone Congreso.

La crisis en Puerto Rico – a diferencia incluso de Washington D.C., donde votan por el presidente de EEUU-, la exacerba el hecho de que la Isla queda sin representación electoral, pues hasta para los cuestiones locales los gobernantes que elegirá en noviembre estarán subordinados  a una junta creada por un gobierno que no pueden elegir.

Con la PROMESA federal se enterraron los últimos suspiros del limitado concepto de gobierno propio a nivel local.

Pero, es importante no solo que lo hayan decidido hacer, sino que debe llamar la atención el silencio del presidente Obama y el liderato  republicano del Congreso sobre la crisis política que agudizan.